ANTECEDENTES:
1.- Desde su nacimiento oficial en septiembre de 2015 la organización política
nacional Partido Unión y Entendimiento (PUENTE) ha mantenido de manera
pública, coherente y perseverante una posición en defensa de una solución
pacífica, constitucional, negociada y electoral a la profunda crisis estructural
venezolana;

2.- Esta crisis, que es a la vez económico-social y político estructural y se agrava
diariamente, tiene sus causas fundamentales en la errada conducción de los
asuntos públicos por parte de quienes han detentado el poder en nuestro país en
los últimos 21 años, en particular desde 2013, bajo el modelo del llamado
Socialismo del Siglo XXI;

3.- PUENTE ha acompañado las luchas de los sectores democráticos venezolanos,
tanto partidistas como de la sociedad civil, que auspiciamos el cambio de ese
modelo y el advenimiento de un gobierno de unidad y reconstrucción nacional;

4.- Para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 acompañamos y
respaldamos a todos y cada uno de los candidatos de la alianza opositora
agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como también lo
hicimos con los candidatos a gobernadores que presentó la oposición en
septiembre de 2017;

5.-En 2016 participamos activamente en las jornadas de calle que reclamaban la
activación del referéndum revocatorio al mandato del presidente Nicolás Maduro,
que finalmente fue frustrado por la mayoría oficialista del Consejo Nacional
Electoral.
Con igual decisión y presencia participamos en la multitudinaria consulta popular
del 16 de julio de 2017 en la que más de 7 millones de venezolanos nos
pronunciamos en contra de la convocatoria inconstitucional de la escogencia de
una Asamblea Nacional Constituyente; hecho que finalmente ocurrió el 30 de julio
de 2017, violando la Carta Magna y en contra de la voluntad mayoritaria de los
venezolanos y de buena parte de la comunidad internacional;

6.- Nos opusimos y no participamos en la convocatoria adelantada y fraudulenta
de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, y no reconocemos la
legitimidad de sus resultados;

7.- Hemos sido solidarios con las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional
elegida por más de 14 millones de venezolanos el 6 de diciembre de 2015, y desde
el 23 de enero de 2019 reconocemos al diputado Juan Guaidó, presidente de la
Asamblea Nacional, único poder público en Venezuela con legitimidad de origen,
como Presidente Encargado del Poder Ejecutivo;

8.- PUENTE es miembro activo del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), instancia
que desde marzo de 2018 agrupa a partidos políticos y organizaciones de la
sociedad civil que auspiciamos un cambio pacífico, constitucional, negociado y
electoral en los poderes públicos en nuestro país. Cambio éste que debe conducir a
la reactivación económico social y a la reinstitucionalización de los poderes
públicos;

9.- Hemos estado siempre en favor, incluso antes de nuestro nacimiento como
partido político a través de posiciones tomadas y asumidas públicamente por los
líderes fundadores de PUENTE, de los procesos de diálogo que se han producido
en torno a la situación venezolana:
En 2014 estuvimos de acuerdo y acompañamos la propuesta de diálogo planteada
por el presidente Nicolás Maduro, inicialmente objetada pero luego aceptada por
la MUD y que contó con el acompañamiento de los cancilleres de Colombia,
Ecuador, Brasil y el Nuncio Apostólico.
De la misma manera nos manifestamos en favor de los diálogos propuestos en
2016 por el Secretario General de UNASUR, ex presidente Ernesto Samper, y que
contó con el acompañamiento de los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Leonel
Fernández y Martin Torrijos así como el delegado del Vaticano, Monseñor Claudio
María Celli.
Desafortunadamente estos primeros intentos de diálogos y negociaciones políticas
no llegaron a feliz término, lo que condujo a la carta, firme y clara, que envió en
fecha 1 de diciembre de 2016 Su Santidad el Papa Francisco a través del Secretario
de Estado Monseñor Pietro Parolin.
También, PUENTE se manifestó públicamente en favor de los diálogos ocurridos
en República Dominicana entre mediados de 2017 y primeras semanas de 2018,
que tampoco produjeron compromisos firmes ni garantías de cumplimiento entre
los representantes del oficialismo y la oposición venezolana.
Más recientemente, hemos manifestado públicamente nuestro respaldo a las
iniciativas de apoyo al diálogo llevadas adelante por la Unión Europea (UE) a través
del Grupo de Contacto Internacional (GCI), con especial y reciente énfasis por el
Reino de Suecia.
También hemos respaldado las gestiones del Reino de Noruega, sobre las cuales
debemos volcar más esfuerzos para que tengan mayor apoyo y / o
acompañamiento de los principales aliados de la oposición y del gobierno;

10.- Finalmente y en cuanto a los breves antecedentes de esta situación: PUENTE
cree que la solución a nuestra terrible situación debe provenir de una acuerdo
entre los venezolanos, sin injerencia extranjera, en ningún caso militar ni violenta;
aun cuando, como hemos dicho, son bienvenidas las mediaciones de naciones
amigas que acerquen y comprometan a las partes en conflicto.

LA SITUACIÓN ACTUAL

11.- La crisis estructural venezolana se ha agravado en los últimos 5 años.
Millones de compatriotas se han visto forzados a emigrar del país y buscar en otras
latitudes la estabilidad, paz y progreso que no se consiguen en nuestra tierra.
La economía se ha contraído a niveles de hace 50 años del siglo XX y los servicios
públicos se han deteriorado ostensiblemente.
El hambre, la desnutrición y la pobreza azotan a la mayoría de las familias
venezolanas.
Aunado a lo anterior, estamos bajo la seria amenaza de una no deseable expansión
de la pandemia del Covid19, que nos conseguiría sin la adecuada infraestructura
sanitaria para enfrentarla de manera eficiente.

12.- En medio de esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12 de
junio de 2020 designó a los cinco rectores principales y suplentes del CNE sin
esperar que culminará el proceso constitucional que se venía adelantando a través
del Comité de Postulaciones de la legítima Asamblea Nacional. De estos rectores
hay una mayoría clara de rectores oficialistas, lo que contraría el espíritu y la letra
de la Constitución y de la Ley Orgánica de Participación Política, que estipulan un
Poder Electoral libre y equilibrado.
Si bien en cuatro ocasiones la Sala Constitucional del TSJ había designado a los
rectores del CNE (2003, 2005, 2014 y 2016), en esta ocasión, a nuestro juicio, ha
debido haberse culminado el proceso que establece la Constitución y designar los
rectores del CNE en la legítima Asamblea Nacional.

13.- Esta decisión de la Sala Constitucional se acompañó, en fecha 15 de junio, por
otra en la cual se suspendió a la actual dirección del Partido Acción Democrática
(AD) y se designó una nueva directiva Ad-Hoc encabezada por Bernabé Gutiérrez,
hermano de uno de los rectores del CNE nombrados por el TSJ. Y en fecha 16 de
junio se produjo una nueva sentencia de la Sala Constitucional del TSJ en la cual se
suspendió a la dirección actual de Primero Justicia (PJ) y se designó a otra presidida
por el diputado José Brito.
Es de destacar que en la más reciente reunión del Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) ningún país de la región votó en contra
de la resolución del organismo hemisférico de “rechazar y desconocer la ilegal
designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal
Supremo de Justicia, así como la ilegal designación de las directivas de los partidos
políticos Primero Justicia y Acción Democrática”;

14.- Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional Constituyente en fecha 17 de junio de
2020 derogó su propio decreto de fecha 27 de diciembre de 2017 en el cual se
ordenaba un proceso de renovación de firmas de adherentes a los partidos
políticos que no habíamos concurrido a las elecciones de alcaldes de ese año ,
entre ellos PUENTE.
Este decreto de la ANC estableció que se exceptuaba de la rehabilitación a
aquellos partidos sobre los cuales cursan procesos judiciales, como es el caso de
Voluntad Popular (VP). A todas luces es un decreto discriminatorio para no
permitir que VP participe en los procesos electorales venideros.

15.- Estas medidas del TSJ y de la ANC en contra de tres de los principales partidos
políticos venezolanos (AD, PJ y VP), aunado a las inhabilitaciones que pesan sobre
destacados líderes de la oposición, impiden una participación amplia y plural de
todos los legítimos actores políticos venezolanos en próximas contiendas
electorales;
16.- Hasta el día de hoy no se conoce la fecha, el cronograma electoral y las
condiciones que regirán para las elecciones parlamentarias previstas para este año.
Incluso, no se conoce el número de diputados a elegir ni la estructuración de las
circunscripciones electorales.
QUÉ PROPONEMOS

17.- Que se restituyan a sus legítimas direcciones partidistas la tarjeta y derechos
electorales de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia. De igual manera,
que se rehabilite la organización política Voluntad Popular y se le confieran a sus
legítimas autoridades los mismos derechos electorales que a todos los demás
partidos políticos;

18.- Que no se modifique en el CNE la Ley Orgánica de Procesos Electorales para
producir situaciones sobrevenidas, por ejemplo, la cantidad de diputados que
conformarán la próxima Asamblea Nacional, la distribución de cuántos serán
electos por lista y cuántos uninominalmente, o la estructuración de los circuitos
electorales.
Cualquier reforma de ese instrumento legal tiene que ser hecha y consensuada en
la Asamblea Nacional, tal como ordenan la Constitución y la propia Ley;

19.- Que se proceda a una revisión y actualización del Registro Electoral
Permanente;

20.- Que se invite en calidad de Observadores Electorales a instituciones
internacionales con experiencia y reconocida solvencia profesional en la materia,
en especial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE);

21.- Que, en vista de las propuestas anteriores y de la frágil y peligrosa situación
que atravesamos derivada de la pandemia del Covid19, se establezca como fecha
de las elecciones parlamentarias la más conveniente y consensuada dentro del
primer semestre de 2021;

22.-Mientras se realizan las elecciones parlamentarias aplica para este poder
público con legitimidad de origen el principio constitucional, refrendado por varias
sentencias del TSJ, de la continuidad administrativa.

En Caracas, a los veintinueve días del mes de junio de 2020.
Entregado por Hiram Gaviria, Presidente de Partido Unión y Entendimiento
PUENTE.

Hiram Gaviria
Presidente PUENTE
V-3.498.186

 Acá puedes ver el documento

DESCARGA